Estudio INA 1 . 2 . . observaciones 1 . 2 . 3 . . planicie . . humedales . . Salida Luján 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . . Parque Industrial 1 . 2 . 3 . . Larena . . Aliviador . . Vinculacion . . Pilará 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . . causa Pilará 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . . planEscobar 1 . 2 . 3 . 4 . . Ord 727 1 . 2 . 3 . . Consultatio 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . . altimetrias . . San Sebastián 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . . embalses . . EIDICO . 1 . 2 . . mentiras . . quantum . . El cazal EIRSA 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . . La Cañada 1 . 2 . . humedal Escobar 1 . 2 . 3 . . Cartas Doc a Scioli . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . . miserias . . cartas doc al OPDS 1 . 2 . 3 . a la AdA . al Juzg Fed 1ºSI . a Sergio Massa . a Zúccaro 1 . 2 . a Alvarez Rodríguez 1 . 2 . 3 . . a otros . . atropellos 1 . 2 . 3 . 4 . . playboy . 1 . 2 . . puertoescobar 1 . 2 . 3 . 4 . . areco . . cloaca 1 . 2 . . causa 2843 JF1SI 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . . Colony Park 1 . 2 . . preguntas 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . . respuestas . . remediacion . . recusacion . . amicus . . propuesta 1 . 2 . . terraplen . . jurisprud . . archivolegislativos . . hidrolinea 1 . 2 . 3 . 4 . . . art 59 . . Res.29/09 . . eiaydia 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . . Valls . . parentescos . . contralor . . salvedades . . IAB . . flujo termodinámico 1 . 2 . 3 . convenglish . . plataforma 1 . 2 . . termodinamica 1 . 2 . 3 . . riovivo . . riomuerto . . mantos . . sedimentología . . acuíferos . . puelches 1 . 2 . . sustentable. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . . agua 1 . 2 . 3 . . pendientes 1 . 2 . . index Las demandas inconstitucionalidad en SCJPBA pasaron al sitio http://www.hidroensc.com.ar
HACE SABER SITUACION FACTIVA NOVEDOSA Y VINCULANTEAMPLIA PRUEBAPIDE SE ABRA A PRUEBASEÑOR JUEZ:MARIO AUGUSTO CAPPARELLI, abogado T IV F 108 (CASI) apoderado de la amparista, manteniendo el domicilio legal en calle Ituzaingó 345 casillero 2186 de San Isidro, en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA C/CLODINET SA Y REACH SA S/AMPARO” EXPTE nº 66.975/07 que tramita por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 3 a VS respetuosamente digo:SITUACION FACTIVA NOVEDOSA Y VINCULANTEHemos promovido una acción de amparo cuya conexidad se impetró con resultado negativo. Los autos se caratulan “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA C/ DI FELI DE PURACCHIO DOMINGA S/ ACCION DE AMPARO “actualmente en trámite por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 13 del DR LUIS MARIA CODEGLIA, expediente que lleva el nº 63413. Pues bien las obras que allí se denuncian traerán consecuencias inevitables sobre las programadas y cuestionadas en estos autos. Si se detiene VS en la lectura de los informes técnicos aportados por las accionadas en estos autos, que contienen las prevenciones hidrológicas, se han realizado apreciando un flujo normal de corriente y salida del arroyo Carabassa en su desembocadura en el río Luján. Nada de esta prevención resulta cierta en la actualidad, toda vez que el taponamiento de las obranzas que se denuncian tornarán irrelevante y de nula aplicabilidad en estas prevenciones, pues la cuenca se verá modificada y en perjuicio – como siempre – de los vecinos linderos. Se acompaña como prueba de lo aquí afirmado, copia de los capítulos de lectura y tratamiento inexcusable del expediente descripto. Se amplia la prueba ofrecida requiriendo que por INFORME se solicite en su momento ad efectum videndi et probandi los autos mencionados.
LAS LEYES RITUALES -7166- Y SU LIMITADA APLICABILIDAD A ESTE PROCESO. En segundo lugar la Constitución Nacional y la ley general del ambiente 25675 al crear ese proceso especial, lo diferenció ab initio del amparo previsto en la norma local. El amparo constitucional procede contra actos de agentes de la administración y particulares. El daño ambiental, por su naturaleza puede no ser actual o inminente, sino futuro. (Posición jurídica de nuestro país en la Haya). La legitimación prevista en la ley 7166 se ve ampliada por la presencia del afectado, las ONG y el Defensor del Pueblo. No rige la disposición local –provincial por la cual la acción si se trata de actos entre particulares se aplica el trámite de la vía sumarísima. Muy sencillo: el ambiente, o el “señor ambiente”, no es un particular. Por lo tanto no existe trámite específico más que la adaptación de reglas procesales que el Juez puede, en la inteligencia de estas reformas, al caso concreto. Específicamente, se tratará de imprimirle el trámite reglado de los artículos no modificados, a saber, tramite del oficio de informes, plazos, sentencia, recursos, etc. La jurisdicción del magistrado no cesa con el dictado de la sentencia y su notificación, pues como toda autoridad que debe preservar el cuidado y protección del medio ambiente, debe continuar de oficio con las medidas y trámites de ejecución que no hagan ilusorio el fallo al cual se arribó. Toda una innovación. Por ultimo la ley 25675 (art. 32) faculta al Juez a disponer todas mas medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos. Esta facultad o iniciativas nunca y con tamaña amplitud se habían dispuesto para la jurisdicción No puedo dejar de expresar que las normas de la ley de amparo de esta Provincia datan del año l968 y fueron pensadas para un conflicto individual. Resumiendo: La Constitución Nacional en sus arts 41/3 y la ley general del ambiente 25675 legislan sobre el amparo ambiental colectivo, derogando tácitamente esas disposiciones, que resultan anacrónicas en su cotejo con el bien jurídico que en este proceso se pretende tutelar. Esta situación aparejará conflictos, demoras y trámites procesales que se hubieran podido evitar. Duplicará sin duda la labor de las partes y coadyuvará sin duda a un mayor alargamiento del decisorio. Es dable esperar que la jurisprudencia acompañe el avance en el desarrollo de esta nueva disciplina jurídica, el derecho ambiental (la justicia de acompañamiento que como rol del juez de la cual tanto pregona Morello) y sea en el mañana una realidad. Esta posición jurídica se ve avalada por la jurisprudencia de la CSJN en autos “Servoton SA c/Metrovías SA y otros” LL 1996-B-472 donde se dijo:”del análisis de la ley 16.986 (aplicable por analogía al caso de autos) debe realizarse teniendo en cuenta el tamiz que adquirió el instituto del amparo luego de la reforma de 1994: los artículos que se opongan o contradigan la norma constitucional están inmersos en “inconstitucionalidad sobreviviente”.
OBRAS Y HECHOS CONTAMINANTES QUE SE DENUNCIAN Y NECESARIAS CONSIDERACIONES LEGALES. (Copia del capitulo 8 de la demanda que motivo los autos descriptos) Art.2653.- Es prohibido al dueño del terreno superior, agravar la sujeción del terreno inferior, dirigiendo las aguas a un solo punto, o haciendo de cualquier modo más impetuosa la corriente que pueda perjudicar el terreno inferior. Art 2634: el propietario de una heredad no puede por medio de un cambio que haga en el nivel de su terreno, dirigir sobre el fundo vecino las aguas pluviales que caían en su heredad. Art 2639: los propietarios limítrofes con los rios o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino publico de treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existieren, ni deteriorar el terreno en manera alguna. Este artículo 2639 aparece en 1960 enriquecido por la Ley Prov. 6253/60 En su Art. 2° señala:”créanse Zonas de conservación de los desagües naturales que tendrán un ancho mínimo de 50 mts a cada lado de los ríos. Esta medida mínima fue extendida a los 100 mts en oportunidad de su reglamentación. En caso de desborde por crecidas extraordinarias, esta zona se extenderá hasta el límite de las mismas” En su Art. 3° señala: “Prohíbase dentro de la zona a que se refiere el artículo anterior variar el uso de la tierra, sólo se permitirá ejecutar obras y accesiones que sean necesarias para su actual destino explotación.
Al año siguiente su Decreto Reglamentario 11.368/61 en su Art. 1° apunta que “arroyo o canal es todo curso de agua cuya cuenca tributaria supere las 4.500 hectáreas”. Como se ilustra con la foto satelital, ( ANEXO ) los terrenos sobre los que se asientan las obras denunciadas y gran parte del inmueble de propiedad de la accionada, son tierras bajas, inundables, forman parte de la llanura de inundación del río Lujan. No se puede en cursos de agua cuyas cuencas sean mayores a 4.500 Has, realizar obra, ni movimiento de suelo alguno por imperio y disposición del Decreto 11368/61, reglamentario de la ley 6253/60, a menos de cien metros a ambos lados del borde superior del curso de agua. Aquí no sólo se acercaron a la ribera, sino que con torpeza inaudita eliminaron los cauces. Esta cuenca del arroyo Carabassa reconoce 8.100 Has. y escurrentías de hasta 186 m3/s sin contar las transferencias de cuencas vecinas que pasan precisamente por el curso más largo aquí taponado y que fácilmente por ello con holgura triplican una estimación de corrida de caudales en las recurrencias que caben a hidrología urbana. En una palabra, no se podía rellenar sobre los primeros 100 metros de la franja de conservación y mucho menos construir terraplenes, pólderes, alteos, caballones o símil de una muralla con perfiles esquivos a un escurrimiento natural, para tapar dos cursos de salida de un arroyo de 8.100 Has y terminar mandando a los vecinos el agua que a él le cabía recibir por art. 2647 del CC. Art.2647.- Los terrenos inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente descienden de los terrenos superiores, sin que para eso hubiese contribuido el trabajo del hombre. Los rellenos en cuestión que han violentado la cosa pública eliminando del sistema hídrico provincial dos brazos de un arroyo cuya cuenca es superior a 8100 Has; agravando por ello en grado espantoso la situación de todos los vecinos, tanto de aguas arriba como de aguas abajo, de una margen y de la otra; y que en adición han destruido el recurso suelo, la flora y fauna autóctona, el espacio verde, componentes del concepto ambiente en toda su extensión, son las siguientes: desmontes y rellenos en planicie de inundación lindero a la ruta 8 y entre el río Lujan y arroyo Carabassa de la localidad de Pilar. Se trata de la parcela 1056 y a la que corresponde la siguientes nomenclatura Catastral: Circunscripción VII Sección rural, Parcela l056 A partida 132.312. Los barrios linderos a dicha fracción situados a ambos lados del curso del río Luján, (de las fotos que se acompañan, surge la ubicación, extensión y trabajos que se han llevado y se llevan actualmente a cabo) son Los Manantiales, San Jorge y Los Grillos. Se adjunta como basamento de esta acción, un petitorio suscripto por vecinos de dichos barrios los que se oponen a la prosecución de estas obras y pretenden se recomponga el ambiente dañado. Esas obras son y serán perjudiciales tanto para los recursos en si mismo como para las vecindades descriptas, las que cuando las crecidas correspondan a lluvias de recurrencias de tan sólo 10 años se inundarán irremediablemente, Se acompaña también como prueba copia de la carta del 11 de marzo de 2008 que un grupo de vecinos presentó ante las autoridades municipales, dando cuenta de los desastres ecológicos que se estaban llevando a cabo, sin olvidar los hábitats humanos. Dicha carta menciona los desmontes, los rellenos, las desviaciones de cursos de agua, la realidad fáctica que se ha taponado y anulado dos brazos de salida del arroyo Carabassa, que los materiales con los cuales se han hecho los rellenos, trasportados por la empresa Helper (nombre que ostentaban los camiones que con nocturnidad llegaban al lugar, toda vez que de día no se llevaba a cabo obra alguna mas que algún compactado de tierra). De los materiales utilizados para los rellenos se desprendían olores nauseabundos, restos de asfalto, y todo tipo de escombros. Las fotografías que se acompañan son por demás elocuentes. En dicha carta clamaban por la intervención de la autoridad municipal, que hasta el día de hoy ha hecho oídos sordos a esos reclamos. La municipalidad, por ley 6253/60 sobre conservación de desagües naturales tiene responsabilidades concretas en estas materias, que sin reclamar de estudios hidrológicos de ninguna especie, siempre estuvo en condiciones de discernir con extrema sencillez, pues se trata de cuidar franjas de 100 mts mínimos inexcusables donde no se permiten los movimientos de suelos, ni los asentamientos de vivienda permanente; y que por ello cualquiera puede advertir sin llamar a especialistas. Al respecto y como prueba se adjunta copia del informe emanado de la Autoridad del AGUA presentado en los autos “Asociación Civil indefensa de la Calidad de Vida c/El Cantón SA s/ amparo” que tramita por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, consignando estas limitaciones. Con fecha 14 de febrero de 2008 el vecino ANGEL ROBERTO MORENO, denunció un hecho del que da cuenta la copia de la carta que se adjuntó al petitorio presentado a la Comuna. Se advertirá de las fotos adjuntas que la cota natural de los terrenos de la parcela descripta oscila entre los 7,5 y 8,5 mts y ahora alcanza los niveles de la calzada de la autopista en 10,87 y 11,22m. Aguas abajo, la base de la viga de cruce del puente de autopista está a 9,86 del IGM y fue rozada por la lluvia del 31/5/85 que aquí tuvo su pico de creciente 24 hs más tarde. De aquí estimamos en 10 mts la cota de anegamiento de la terraza aluvial natural que conformaba toda el área de estos predios denunciados. El borde superior del Luján que con cualquier lluvia se ve pronto superado, está allí a 5,07-5,33 m del IGM.(Instituto Geográfico Militar) Lo que sigue a este borde corresponde a la terraza aluvial que en estos ríos de llanura con pendientes transversales y longitudinales paupérrimas suele cubrirse con bandas de anegamiento kilométricas. Por ello, en prevención mínima, el decreto 11368/61 reglamentario de la ley Provincial 6253/60 sobre conservación de desagües naturales creó franjas de preservación con restricciones al dominio de 100 mts mínimos inexcusables en todos los cursos de agua de más de 4.500 Has, donde no se permite hacer movimiento de suelo alguno, ni asentar obra permanente otra que la que cabe a accesiones. La cuenca del Carabassa reconoce 8.100 Has según el estudio hidrológico financiado por Estado Italiano, realizado por el Instituto Nacional del Agua y presentado en Julio del 2007. Ver este estudio por http://www.delriolujan.com.ar/estudioina.html Y a esto hay que sumarle la transferencia entre cuencas que en estas planicies aluviales con lluvias de recurrencias de tan sólo 10 años pronto se manifiestan con caudales multiplicados. El estudio hidráulico presentado por el Ing Tejeda para el barrio Pilara aguas arriba de estos taponamientos, reconoce a f 549 del exp 4089.4238 la influencia del Luján en el sector del Carabassa dentro del predio en correspondencia a las máximas crecientes; sin embargo, acerca la viveza o la torpeza de modelar sin caudales pico en el Luján y lo dejó acreditado a f 554, probando su conciente irresponsabilidad y ser uno más de los que se suma a estas barbaridades de las que nadie parece querer hacerse cargo Terraza que ahora no sólo dejó de serlo, sino que invirtió la pendiente natural de la terraza aluvial para que las aguas se vean obligadas a desviarse por el barrio inmediato donde habita el denunciante Sr. Moreno. Por criterios de hidrología urbana tanto cualitativa, como cuantitativa, a estas planicies poligenéticas les caben: inundación periódica, arcillas expansivas, heterogeneidad litológica, erosión fluvial aguas arriba de áreas densamente pobladas, alto potencial de contaminación de aguas superficiales y freática y excavación de humedales para creación de suelos y asentamiento de núcleos urbanos en ellos. Ver como ejemplo aguas arriba el barrio Pilará cuyas estimaciones hidráulicas no apuntaron nunca a las recurrencias que caben a hidrología urbana; y a los conflictos que se han sumado por los cierres y apropiación indebida de calles que los de Pilará en forma indebida han forzado; y que han dejado a los vecinos del barrio San Jorge obligados a transitar por calles cuyos niveles de protección frente a los anegamientos sólo reconocen tolerancia a lluvias de 2 años de recurrencia, cuando para cualquier vía de evacuación la estimación es de 25 años. Esto consta a f 604 del exp 4089-4238 en palabras del propio Ing Tejeda a cargo del proyecto hidráulico de Pilara. Imaginemos entonces cómo se multiplican sus descalabros con estas adicionales violaciones aguas abajo. El párrafo 3° del Art 18 del Código de Aguas que refiere de la determinación de cotas de prevención de anegamientos sobre los hábitats humanos, nos dice: “a falta de registros confiables se determinará conforme a criterios hidrológicos, hidráulicos, geomorfológicos y estadísticos evaluados a la luz de una sana y actualizada crítica”. Pues bien, aquí sobran referencias y sin embargo nadie ha conseguido detener estas afrentas al medio ambiente y al hábitat de los vecinos que oportunos se movieron a denunciar estas obranzas. Tampoco se han recordado que afectarían la integridad física de los suelos, y el mantenimiento de los biomas y biota de estos formidables riñones de la Tierra; ver art 5°, ley 11723. En el municipio del Pilar el estudio del INA reconoce más de 12.000 Has de tierras por debajo de la línea de ribera de creciente máxima. La mayor parte de ellas descubriendo las afloraciones del salobre acuífero querandinense confinado en arcillas relativamente impermeables, que así facilitan la caracterización de estos humedales. Ver http://www.delriolujan.com.ar y http://www.humedal.com.ar Si dividimos esta superficie por los aprox.30 Km que recorre el Luján en el municipio de Pilar, de inmediato advertiremos que la banda de anegamiento en estas terrazas supera anchos de 4 Kms de promedio mínimo. Estas son las planicies aluviales plagadas de humedales donde caben las más estrictas prevenciones; y no caben arbitrios administrativos para alterar estas restricciones al dominio; y mucho menos, los caprichos de sus propietarios para modificar perfiles ribereños destinados a servir de amortiguación de inundaciones. La altura de los rellenos, que se advierten supera en muchos lugares el tamaño de un ser humano en más de dos metros, ha convertido a esta parcela en una muralla lindera a la ruta nacional Nº 8 que colma de males a todas las vecindades.
Por lo expuesto a VS digo: Se tenga por descripta la situación novedosa y vinculante. Se corra traslado de la misma a las accionadas. Se atenga por ampliada la prueba Se le imprima el trámite que VS considere. Se abra el presente proceso a prueba. PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE
CONTESTA TRASLADOCORRIGE DOMICILIO LEGALPIDE INTIMACION SEÑOR JUEZ:MARIO AUGUSTO CAPPARELLI, abogado T IV F 108 (CASI) apoderado de la amparista, manteniendo el domicilio legal en calle Ituzaingó 345 casillero 2186 de San Isidro, en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA C/CLODINET SA Y REACH SA S/AMPARO” EXPTE nº 66.975/07 que tramita por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 3 a VS respetuosamente digo:CORRIGE NUMERACIONHago saber que el número correcto de casillero del domicilio legal es 2186. Pido se tenga presente y se haga saber.
CONTESTA TRASLADO Vengo en tiempo y forma a contestar el traslado conferido respecto de la oposición a la prueba pericial ofrecida por esta parte. Solicito desde ya se rechace tal planteo con costas. Pasamos a fundamentar la pretensión. No existe obra doctrinaria (MARTIN MATEO, MOSSET ITURRASPE, MORELLO –CAFFERATTA, LORENZETTI, BIBILONI, etc., autores cuyas obras ya han sido citadas) que no comiencen al caracterizar el objeto y la definición de ambiente y su correlato con esta rama del derecho (derecho ambiental y de la biosfera, según Pigretti) sin recordar y repetir este concepto: el carácter multidisciplinario de esta novísima disciplina. Se oponen las codemandadas CLODINET SA, y REACH SA a la producción de dicha prueba, alegando ambigüedad en el planteo, menciona de las normas de aplicación, y la ausencia de concretos puntos de pericia. Pues bien se trascribe el capitulo de ofrecimiento de tal prueba para su mas fácil lectura y dilucidación de los extremos que se invocan.
Cada especialista estructurará un capitulo inherente a su rubro, con las normas de aplicación y en vigencia respecto de las características que debe tener un emprendimiento de esta naturaleza, mediando circunstancias de tiempo lugar, medio y situación que contemple el impacto en el contorno cercano, mediato e inmediato, y todo dato de interés que puedan considerar los expertos para mejor ilustración del tribunal. Se ofrece como consultores técnicos a los siguientes profesionales: Dra Mirta Fresina, Licenciada en Geología, Dra. En Hidrogeología Doctor en Hidrogeología al Sr. Adrián Silva Busso; Ing. Francisco José Rodríguez Rey, Ingeniero Geólogo, Ingeniero Ambiental, Licenciado en Seguridad e Higiene; Lic. Nora Elizabeth Nievas, Licenciada en Información Ambiental.” Hasta aquí la reiteración. Como se advierte, lejos de ser ambiguo es adecuado al tema referido a la tutela del bien jurídico (ambiente) que se pretende proteger. No estamos frente a un proceso controversial particular. Los afectados que mencionan las constituciones como legitimados son tanto los vecinos próximos como los distantes, los presentes como los futuros. Este punto, no parece haber sido materia de comprensión por las codemandadas, que pretenden convertir este proceso en una lid particular. No existe tal. Es un proceso colectivo, es un proceso de amparo por el ambiente, por los afectados y por el derecho (constitucional) de las generaciones futuras. Se pretende que cada especialista elabore en base al Estudio de Impacto Ambiental presentado por las accionadas, poniendo de resalto las objeciones, las impugnaciones, los sustratos facticos en correlato con las normas vigentes. No son de conocimiento muy accesible, fácil, habitual, diario, las que presiden y se enseñorean sobre el ambiente, esta nueva disciplina. Los expertos en cada área pueden valorar, como todo dictamen que se precie de tal, el sentido de la disposición legal, su ámbito de validez y vigencia, su colaboración técnica con la mirada en lo hechos, en el sustrato fáctico. Es todo lo que se pretende. Que el Juzgador tenga a su disposición una visión totalizadora de aquello que la ciencia y le técnica reconocen como de toda necesidad a los fines de evaluar los impactos que las obras ocasionarán al medio. Es manda constitucional el proveer a su protección. La colaboración de los expertos es el pie y base de todo razonamiento. A poco que se de una rápida mirada a la documentación que glosan las codemandadas, se advertirá la necesidad de que la traducción de los expertos al lenguaje jurídico ambiental, sirva de elemento esclarecedor. Todos los estudios de impacto ambiental que se precien de tales, están confeccionados por los expertos especialistas en las profesiones cuya nomina hemos detallado. Son las propias accionadas que han justipreciado el monto de inversión de las obranzas en cifras millonarias en dólares estadounidense. Amerita esta realidad un estudio aún más profundo, severo, puntilloso. ¿Existen reparos económicos frente a la dilucidación del agravio ambiental? ¿Solamente quien posee bienes de fortuna puede oponerse a la generación del daño? no existe un tratado (San José de Costa Rica) suscripto y ratificado por nuestro pais (ley 23.054 art 8) que establece el derecho de toda persona de ser oída sin restricciones? La económica, una de ellas Las codemandadas consideran que los precios de las cosas rigen y dominan la vida de relación y la suerte de gozar de un derecho sano (garantía constitucional). Agregamos que todo aquellas que valen (el ambiente, el derecho a un ambiente sano, el derecho de las generaciones futuras) no tienen precio. La salud tampoco la tiene). Cuanto todo tiene precio, nada tiene valor. Viene a cuento la mención de las codemandadas respecto a quien soportará los costos de los daños ambientales. Pues el capitulo que se inserta en el presente, tenderá a que se esclarezca la situación legal del emprendimiento respecto de ese punto. Resumiendo: solicitamos por las razones expresadas se rechace el planteo de oposición, con costas.
SEGURO AMBIENTAL En todas sus presentaciones las codemandadas no han ahorrado esfuerzo en mencionar que se harán cargo de todo daño futuro que las obras puedan ocasionar. Por otra parte así está legislado en el Código Civil art 1068 y sigs) Pues es hora que se demuestre tal aserto basado en el cumplimiento de disposiciones legales vigentes. En esta demanda por amparo ambiental colectivo se han puesto de resalto las calamidades cometidas por la demandada, con total desparpajo y nulo temor por las consecuencias de su ilegal conducta. (Comienzo de obras sin autorizaciones, presentaciones tardías conforme a planos, incumplimiento claro y confeso de disposiciones legales de orden publico, ley general del ambiente 25675, ausencia del proceso de evaluación de impacto ambiental, ausencia de participación ciudadana, ausencia de celebración de audiencia publica, etc.) Esa misma actitud -insolente para la ley y para la sociedad- explica otro reproche que le endilgamos, pues podríamos decir que es la coronación de su antijuricidad: pese a lo ordenado por el art.22 de la ley 25675 (que ya tiene más de cinco años de vigencia) y conforme averiguaciones practicadas al respecto, no existiría el seguro de recomposición de daños ambientales que pudieran generarse por las obras emprendidas. No obra en autos constancias del cumplimiento de esta obligación, mencionada en la ley 25675 de orden publico. Una de las más importantes compañías aseguradoras del país, LA MERIDIONAL, del grupo AIG , con el soporte del gigantesco grupo multinacional MARSH, cuyas oficinas regionales están en Florida 234 de la Ciudad de Bs As., posee desde hace tres años ese tipo de pólizas entre sus productos, aprobado además por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Ello exhibe una desidia y/o improvisación y/o temeridad de la parte demandada al prescindir de contratar una cobertura de tal índole, respecto a la obra que nos ocupa. También existen diversas resoluciones de la Secretaría de Medio Ambiente, que se ocupan del alcance de las coberturas en materia ambiental (177/07, 178/07 , 303/07, etc.). Inclusive hay en el Congreso proyecto de ley para complementar el art.22 de la ley 25675, del diputado de la UCR Rubén Lanceta, por el cual se establece que ninguna cobertura ambiental deberá ser por sumas inferiores a los u$s 5.000.000, tomando como referencia el art.5 de la Convención de Viena de Responsabilidad Civil por daños nucleares, aprobada por Ley Nacional 17048. En síntesis: existen leyes específicas que lo tornan obligatorio y hay comercialización en plaza, de pólizas que lo contemplan. Queda entonces refirmada la responsabilidad de la accionada, por los daños ambientales generados por su obra PETITORIOPor todo lo expuesto a VS digo:Se tenga por corregido el número de casillero del domicilio legal,Se tenga por contestado el traslado en tiempo y forma.Se rechace la oposición a la prueba pericial con costas.Se intime a las codemandadas a cumplir con la exhibición de la póliza de seguro ambiental. Con costas en caso de oposición.PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUESERAJUSTICIA
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